Por: Daniela García Druetta

Un nuevo 8 de marzo nos encuentra para conmemorar la lucha de mujeres y niñas de todo el mundo, es un día para visibilizar y reconocer nuestras ideas, innovaciones y activismo que, poco a poco va transformando la sociedad, en una más equitativa, desarrollada y justa.

Debemos ser conscientes que la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto en los derechos conquistados de las mujeres. Para poner algunos ejemplos, se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo. Esto es una demostración cabal de la desigualdad respecto a la corresponsabilidad parental, y la falta de políticas para suplir la problemática, ya que se estima que de cada diez personas asalariadas registradas en empresas privadas, solo 3 son mujeres en promedio, y que las mujeres realizan el 76% de las tareas de cuidado o tareas domésticas no remuneradas.

Las mujeres se enfrentan a la creciente pobreza y sobre todo a la violencia en aumento, debido a que las medidas de protección de la pandemia nos dejó en evidencia otra realidad: la de aquellas mujeres que sufren violencia de género y durante los días de cuarentena tuvieron que permanecer encerradas con su agresor, dejando a las víctimas de violencia doméstica en condiciones de mayor vulnerabilidad y con muchos menos recursos disponibles. En este marco, cobra total importancia el rol de los gobiernos nacionales en plantear políticas públicas integrales de respuesta a la pandemia. Solo la decisión del confinamiento nos hizo retroceder muchísimo terreno en derechos ganados o conquistados.

Para “ponerle fin al patriarcado”, es momento de reflexionar desde una perspectiva de género responsable cada política pública. Cada decisión gubernamental, es una decisión que debe contemplar particularmente y con cuidado el bienestar de las mujeres, aplicando un enfoque interseccional y transversalizado en el Estado para que la elaboración y ejecución de políticas en todas las áreas de gobierno apunten a disminuir las brechas de género.